Descripción del proyecto

El proyecto de ley sobre Salud Sexual y Reproductiva establece el marco
jurídico para la garantía y el pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, a través de la aplicación de políticas públicas dirigidas a la prevención de la enfermedad y atención de la salud en estas áreas, así como al establecimiento de sanciones ante su violación.

En su articulado, esta iniciativa hace la distinción pertinente entre el ejercicio de la sexualidad y el de la reproducción, en particular respecto de las mujeres.

Incluye en el Plan Básico de Salud la atención a la mujer maltratada y la protege de la violencia gineco-obstétrica, que es el trato deshumanizado, discriminatorio y grosero de parte del personal de salud. Además, tipifica la discriminación por sexualidad.

En esta iniciativa se define como Derechos Reproductivo la prerrogativa que tiene toda persona a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas y el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello.

Los Derechos Sexuales son definidos como aquellos que permiten regular y tener control autónomo y responsable sobre todas las cuestiones relativas a la sexualidad, sin ningún tipo de coacción, violencia, discriminación, enfermedad o dolencia.

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Responsabilidades de las instituciones gubernamentales

El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, creado por el Ministerio de Salud, dirigirá el proceso de creación de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva. En su calidad de institución rectora, le corresponderá diseñar e implementar las acciones en esta materia a nivel nacional. Esto incluye atención, prevención, investigación, información y difusión.

Entre las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública, contará la de ofrecer en todos los centros de salud, sin importar el nivel de complejidad, el acceso a métodos anticonceptivos y de planificación familiar modernos, de manera expedita, con garantías de confidencialidad y privacidad.


Adolescentes

El proyecto de ley sobre Salud Sexual y Salud Reproductiva contempla también el diseño e implementación de estrategias de comunicación y educación dirigidas de manera particular a las personas adolescentes, dentro y fuera del sistema educativo, incorporando la perspectiva de género y enfocadas en la prevención de embarazos no planificados y a temprana edad.

Consigna que todas las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a recibir atención en salud integral y diferenciada, especialmente en lo concerniente a la prevención de riesgos para su salud sexual y su salud reproductiva. Esos servicios estarán establecidos en un espacio definido, accesible y con personas capacitadas. Incluyen acceso a anticonceptivos y mecanismos de prevención de ITS/VIH SIDA, en un escenario de confidencialidad.

Laicidad. Ministerio de Educación debe incluir en la currícula contenidos sobre sexualidad y reproducción para una educación integral, inclusiva, de carácter laico, respetando la libertad religiosa, con enfoque de género y derechos humanos, en todos los niveles de las instituciones públicas y privadas.

La formación en salud sexual y salud reproductiva con enfoque de género y de derechos humanos también debe incorporarse a la educación superior


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La ley regula la interrupción del embarazo

Dentro de las primeras 12 semanas de gestación, la mujer embarazada podrá solicitar ante centros con el debido registro legal la interrupción del embarazo, cuando éste haya sido causado por una violación sexual o incesto, o en caso de que existan graves riesgos para la vida o la salud de la embarazada, o cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida.

En las causales previstas, la interrupción del embarazo deberá formar parte de las ofertas del plan básico de atención, disponible en todos los regímenes de salud.


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Sanciones

Los actos de discriminación por razones de sexualidad de las personas serán sancionados con penas de uno a dos años de prisión menor, multa de uno a dos salarios y el cierre temporal por un período no mayor de tres años, o definitivo, del establecimiento comercial o la instalación directa o indirectamente envuelta en la infracción.

La interrupción del embarazo practicada después de las 12 semanas de gestación y sin cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley será sancionada con prisión de dos a seis meses y multa de RD$500 a RD$2,000 y para las instituciones responsables, prisión de dos años y RD$50,000 de multa.

La interrupción del embarazo practicada sin el consentimiento de la mujer será sancionada con la pena de 10 a 20 años y multa de 10 a 20 salarios mínimo. Las instituciones privadas serán sancionadas con multa de uno a dos millones de pesos con el cierre temporal del establecimiento comercial o de la instalación directa o indirectamente envuelta en la infracción, por un período no mayor de tres años, o de manera definitiva.

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Línea de tiempo

El Proyecto de Ley sobre Salud Sexual y Salud Reproductiva fue introducido a la Cámara de Diputados en el 2012. se encuentra actualmente en la Comisión Permanente de Salud Pública de la Cámara de Diputados.

Se solicita que el Proyecto de Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva sea reintroducido en agenda.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó a unanimidad devolver a la Comisión Permanente de Salud Pública.

Con el auspicio de:

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