El Tribunal Constitucional no prohíbe la despenalización del aborto, sino que aduce un defecto de forma en la aprobación del código.

 

El texto debe ser el resultado de un proceso legislativo que cumpla con el requerimiento constitucional, transparente y participativo.

 

A través de la sentencia TC-0599-15 del 17 de diciembre de 2015, el Tribunal Constitucional dominicano declara inconstitucional el Código Penal promulgado el 19 de diciembre de 2014 por cuestiones de forma, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de su contenido, que incluye la despenalización del aborto por causales. Según el Tribunal Constitucional el Código Penal no cumplió con las formalidades requeridas por la Constitución Nacional para ser aprobado, luego de ser observado por el Presidente.

 

De manera que esta sentencia no representa obstáculo legal para la aprobación de las disposiciones sobre interrupción del embarazo que contenía el Código Penal aprobado en 2014, luego de las observaciones del Presidente. El mismo incluía tres excepciones a la penalización del aborto: cuando exista peligro para su vida y salud, cuando el embarazo sea producto de una violación sexual o incesto, y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

 

Ante esta decisión de la máxima autoridad constitucional del país, instituciones, organizaciones de mujeres, agrupaciones políticas sindicales y organizaciones internacionales, exigimos a legisladores y legisladoras en el Congreso Nacional, así como al Presidente de la República, asumir su rol en la protección de los derechos humanos de las mujeres y aprobar nuevamente un Código Penal que garantice los derechos a la vida y salud de las mujeres.

 

El Estado dominicano debe proteger a las mujeres de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y un código penal que criminalice el aborto sin excepciones es claramente violatorio de esa obligación. Volver a un código que data del año 1884 supone un retroceso en los derechos humanos de las mujeres reconocidos en el derecho internacional y de obligatorio cumplimiento para la Republica Dominicana.

 

“Las mujeres somos más del 50 por ciento de la población dominicana, no garantizar nuestros derechos más básicos es violentar a más de la mitad de la nación”, declara Sergia Galván, directora de la Colectiva Mujer y Salud.

 

República Dominicana tiene una de las mayores tasas de mortalidad materna de la región. En 2014 murieron 179 mujeres y al final de noviembre de 2015 van 164 muertes en su mayoría por causas evitables y en parte por abortos inseguros. Es responsabilidad del Estado dominicano evitar que se repitan más muertes como la de Esperancita, quien, con tan sólo 16 años murió por no recibir a tiempo el tratamiento de quimioterapia que necesitaba para tratar la leucemia por estar embarazada de siete semanas.

 

 

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