Santo Domingo. Estudios de Género del INTEC (CEG-INTEC) le pidió al Congreso Nacional que apruebe antes de que concluya la presente legislatura, el próximo 25 de julio, el proyecto de ley de Atención Integral a la Violencia (VCM) y el de Salud Sexual y Salud Reproductiva.

Este llamado a legisladores y legisladoras fue hecho por Lourdes Contreras, coordinadora del CEG-INTEC, durante un conversatorio con periodistas de diferentes medios de comunicación, actividad que forma parte del proyecto Voces por los Derechos de la Mujer.

Foto Almiuerzo periodistas con participantes

 

El Proyecto de Ley de VCM se encuentra en el Congreso Nacional desde el 2011. Está bajo estudios de las comisiones de Equidad de Género y Ministerio Público de la Cámara de Diputados. Pero también  la comisión de Género y Familia del Senado estudia otro proyecto similar.

Esta iniciativa propone la creación del sistema integral para la prevención, detección, atención, sanción y seguimiento a todas las formas de violencia contra las mujeres basadas en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, mediante la regulación de políticas públicas orientadas al reconocimiento, respeto y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Crea mecanismos a protección a las víctimas de violencia, para lo cual se contempla involucrar y articular diferentes instituciones del Estado, en especial a los  Ministerios Público, de la Mujer, de Salud y de Educación.

La propuesta establece la obligatoriedad de la asignación de recursos para enfrentar la VCM, así como  programas y servicios especializados que incluyen casas de acogida para víctimas, unidades de atención a la violencia de género, sexual e intrafamiliar, departamentos de atención integral especializados en VCM, destacamentos de la policía certificados en atención a víctimas de violencia y programas de protección para niños, niñas y adolescentes víctimas de feminicidio. También crea programas de intervención terapéutica y de reinserción social para las mujeres víctimas de violencia y para hombres con conductas agresoras. Contempla, además, medidas de auto cuidado y apoyo para el personal que trabaja en VCM.

 

El Proyecto de Ley de Atención a la Violencia promueve la responsabilidad de los medios de comunicación frente a los planes de atención y prevención y establece un sistema de información cruzada a nivel nacional.

Aborda las diferentes formas de violencia contra las mujeres, como la violencia de pareja, ex pareja, noviazgo, ex novio o pretendiente, violencia en los  ámbitos comunitario, laboral, educativo e institucional, violencia mediática, ciber-violencia y violencia ginecobstétrica.

 

Salud Sexual y Salud Reproductiva

El proyecto de ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva fue sometido en 2012. El pasado mes de septiembre fue reintroducido por sus proponentes, los diputados Cristhian Paredes y Hugo Núñez, luego de haber perimido al término de la primera legislatura de 2014.

Su objeto es la garantía de la salud sexual y la salud reproductiva desde un enfoque de derechos humanos y de género, a través de políticas dirigidas a la prevención y atención y al establecimiento de sanciones ante su violación.

También tiene como finalidad garantizar el disfrute de los derechos sexuales y los derechos reproductivos a todas las personas, independientemente de su edad, identidad de género u orientación sexual, o cualquier otra condición.

Esta propuesta de ley se basa en el derecho a la vida, la libertad sexual, igualdad y no discriminación, autonomía e integridad, privacidad, libertad religiosa e ideológica (Se refiere al respeto a la libertad de pensamiento en lo relativo a la vida sexual y reproductiva). Otros derechos enunciados en el proyecto es el derecho  a la salud, a la información y a la educación. Esto último en lo que respecta a recibir educación sexual integral, de calidad, laica es decir, libertad religiosa y de culto, tal como lo establece la Constitución.

La iniciativa crea mecanismos para el desarrollo de políticas públicas sobre Salud Sexual y Salud Reproductiva en coordinación con todas las instituciones del Estado, según sus competencias y funciones. Dispone el carácter universal de los servicios de salud sexual y salud reproductiva, por lo cual estas áreas deberán ser incluidas en el plan básico de atención en todos los regímenes del sistema de seguridad social. De igual manera asigna responsabilidades a los ministerios de Salud, Educación y Educación Superior para crear la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, diseñar la currícula escolar para una educación integral en sexualidad desde un enfoque laico, de género y derechos humanos. También para capacitar en la oferta de servicios en salud sexual y salud reproductiva a personas graduadas en áreas afines.

Otro de los servicios que se establecen como obligatorios en este proyecto es la atención en salud a la violencia contra las mujeres e intrafamiliar y a la interrupción del embarazo, en caso de violación o incesto, cuando existan graves riesgos para la vida de la mujer o cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida.

Estas dos iniciativas son impulsadas por el Proyecto Voces por los Derechos de las Mujeres que ejecutan PROFAMILIA y CEG-INTEC con el apoyo de la UNIÓN EUROPEA.

Datos sobre violencia

  • Se registra un incremento significativo en todos los indicadores de violencia contra las mujeres.
  • 26% de todas las mujeres entre 15-49 años reporta haber sufrido violencia física. En 2007 los reportes eran de 20%
  • 35% de las mujeres ha experimentado violencia física sexual o emocional a mano de su ex pareja
  • 39% de las parejas que trabaja remuneradamente reporta haber sufrido violencia a manos de su pareja, contra el 28% de las desempleadas.

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