Congreso NacionalSANTO DONINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, remitió este martes a la Comisión Permanente de Justicia las observaciones con las que el presidente de la República, Danilo Medina, devolvió al Congreso la ley que modifica al Código Penal y que penaliza el aborto en todas sus circunstancias.

La Comisión de Justicia, que preside el diputado Demóstenes Martínez, se reunirá la próxima semana para iniciar la discusión del controvertido proyecto.

Luego de que el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC) y todo el movimiento feminista y grupos de sociedad civil expresaran su rechazo al nuevo Código Penal, el presidente Medina devolvió la pieza sin promulgarla, con la recomendación de cambiar lo atinente a las sanciones establecidas para las mujeres y el personal de salud que de alguna manera participen en la interrupción el embarazo, aún en casos de peligro de vida.

La idea del mandatario, como la de las organizaciones feministas, es que se respetan y garantizan los derechos y la dignidad humana de las mujeres y del personal médico si se despenaliza la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando sea consecuencia de un incesto o violación y en casos de malformación incompatibles con la vida.

Este punto figuraba en el número uno de la agenda del día, pero Martínez decidió enviarlo a estudio, para así buscar, dijo, una salida al tema de la penalización del aborto.

El Código sancionado mantiene la penalización del aborto y establece que el hecho de causar o cooperar con la interrupción del embarazo de una mujer por medio de alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o de otro modo, aun cuando ésta lo consienta, será sancionado con pena de dos a tres años de prisión menor, pena que le será impuesta a la mujer que se provoque el aborto.

El Senado eliminó de la propuesta aprobada por los diputados un párrafo establecía que “no será punible la interrupción del embarazo cuando sea practicado por personal médico especializado en centros o establecimientos de salud públicos y privados; siempre que el mismo sea apelando al estado de necesidad como establece el artículo 10 de este Código”. La Cámara de Diputados refrendó esa versión.

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