Frente al Congreso

Manifestación frente al Congreso. Foto: Lorena Espinosa

SANTO DOMINGO.- Que los feminicidios íntimos aumentaran en un 40% en el período enero-agosto de 2014, con respecto a igual lapso de 2013, es una realidad que no concibe indiferencias y esto incluye a los medios de comunicación y sus profesionales. Pero tampoco admite seguir ofreciendo las mismas respuestas personales e institucionales.

Periodistas y más trabajadores de la comunicación tienen una alta responsabilidad con la promoción y cuidadosa vigilancia de tres proyectos de ley que cursan en el Congreso y que están llamados a reforzar las políticas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y a garantizar respeto a sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, según se resalta en una conferencia a la que asistieron decenas de representantes de la prensa.

“Es mucho lo que nosotros como periodistas podemos hacer para aportar a que la vida de las mujeres dominicanas cambie”, plantea la periodista Millizen Uribe, directora de la versión web del diario Hoy y disertante en la actividad.

En una ponencia coordinada por el Centro de Estudio de Género del Instituto Tecnológico Santo Domingo (Intec) y el Círculo de Periodistas de la Salud, Uribe citó entre las responsabilidades de este sector la publicación de escritos que pongan en evidencia las diversas formas de violencia, la vulneración de los derechos de las mujeres y los escenarios de desigualdad que sufren por razón de género.

Además, vigilar “como perros guardianes” el curso de estas iniciativas de leyes en las cámaras legislativas.

Los medios están comprometidos con difundir información sobre este fenómeno, pero no sólo en casos de muertes y maltratos físicos, sino también sobre los aspectos y etapas de la prevención, la detección, la atención y la sanción.

Asistentes

Parte del público asistente a la conferencia

De hecho, una de estas piezas compromete al ejercicio de la comunicación con el respeto a la intimidad de las mujeres, en especial las víctimas, así como a evitar la discriminación. El sector también debe facilitar la difusión de publicidad y campañas de concienciación y sensibilización a la ciudadanía.

Desigualdad y muerte

Los homicidios de mujeres se incrementaron en un 29.5% entre enero y agosto de este año, al pasar de 98 a 127, según datos de la Procuraduría General de la República. Aquí van incluidos los feminicidios íntimos, los provocados por las parejas o ex parejas de las víctimas, que subieron de 42 a 50, para un 40.4%, resalta Uribe.

El embarazo en adolescentes es otra problemática insoslayable pues el 22.1% de las jóvenes entre 15 y 19 años ya ha tenido al menos un hijo. Para seguir en el ámbito reproductivo, en el país se producen 106 muertes por cada 100 mil niños y niñas que nacen con vida lo que supera por mucho el promedio de la región, que es de 80.

Esto se da en un contexto de acceso limitado a los métodos anticonceptivos y del registro de 43 mil 945 personas viviendo con VIH-SIDA, 25 mil 230 de las cuales son mujeres.

Esa es la realidad que quiere cambiar el proyecto Unamos Nuestras Voces por los Derechos de las Mujeres, que promueven el CEG y Profamilia, con el auspicio de la Unión Europea.

Complementa e integra

Los tres proyectos de leyes que impulsa el CEG buscan ampliar el concepto de violencia para incluir las diversas modalidades de abuso que contra ellas se cometen con base en relaciones desiguales de poder, además de complementar y modernizar el marco legal actual, para que trascienda su carácter meramente punitivo, resalta Uribe ante decenas de colegas en la sede del Cipesa.

El Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres ofrece un enfoque interinstitucional e integrador de la problemática y asigna responsabilidades a las instancias gubernamentales, de sociedad civil y el sector privado, con atribuciones de coordinación que recaen sobre el Ministerio de la Mujer.

Responsabiliza al Ministerio de Salud Pública con notificar los casos de violencia que maneje, elaborar y reportar las estadísticas vinculadas, establecer políticas para impedir la revictimización de las mujeres abusadas, con base en normas y protocolos establecidos. Además, está en obligación de preservar las pruebas de malos tratos y de agresiones sexuales.

Millizen

Millizen Uribe

En cuanto a los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, deben incluir programas curriculares tendentes a evitar los estereotipos, así como corresponde al Ministerio de Cultura velar por que los espectáculos públicos, las expresiones artísticas y el contenido de los medios de comunicación respeten la dignidad de la mujer y eviten la discriminación y el reforzamiento de estereotipos.

En el plano de las sanciones, esta ley ampliaría de 30 a 40 años de cárcel la pena máxima por feminicidio, además de que incluye los conceptos de violencia gineco-obstétrica, ciber-violencia y las violencias mediática e institucional.

En cuanto al Proyecto de Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva, busca garantizar la prerrogativa de las personas a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas y el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y los medios para ello, esto en espacios y mecanismos libres de acciones de discriminación y violencia.

Además, promueve el control autónomo y responsable sobre todas las cuestiones relativas a la sexualidad.

Tipifica la discriminación por razones de sexualidad y regula la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, cuando haya sido causado por violación sexual o incesto o en casos de graves peligros para la vida y la salud de la embarazada.

El otro proyecto es el de modificación al Código Penal y en este caso  la propuesta consiste en incluir el feminicidio como tipo penal sancionado con prisión de 30 a 40 años de prisión.

La iniciativa de modificación, antes de su última modificación en el Senado, preveía la interrupción del embarazo por causas de necesidad. En este caso, planteaba: “No será punible la interrupción del embarazo cuando sea practicada por personal médico especializado, en centros o establecimientos de salud, públicos o privados, siempre que el mismo se produzca como consecuencia de un estado de necesidad”.

 

 

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